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Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis del Covid-19 fue aprobada en la Asamblea Nacional

Actualizado: 20 de may de 2020



Ponemos en su conocimiento el Memorando Nro. AN-CDEP-2020-0018-M emitido por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, la noche del 15 de mayo de 2020, en donde se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. El Proyecto de Ley debe ser enviado al Presidente de la República, para que en un plazo de 30 días lo sancione, es decir lo envíe para su publicación y entre en vigencia, o lo vete total o parcialmente; de ser éste último caso, los temas objetados serán nuevamente analizados por la Asamblea Nacional.


A continuación, la parte principal del mencionado documento:


Con 74 votos de entre 137 asambleístas presentes, el Proyecto de la Ley de Apoyo Humanitario que fue aprobado por la Asamblea Nacional, busca establecer medidas para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a través de medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano, con especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, empresariales, la popular y solidaria, y en el mantenimiento de las condiciones de empleo.


El ámbito de aplicación de la ley es obligatoria en todo el territorio ecuatoriano, tanto en el ámbito público como en el privado y por parte de las personas naturales o jurídicas.


En la mencionada norma se eliminó el capítulo de las contribuciones tributarias.


Por otro lado, el proyecto se compone de cuatro (4) capítulos y veinte y tres (23) disposiciones transitorias.


A continuación, indicamos un resumen de los temas más importantes de este Proyecto de Ley:



1. Medidas para el Bienestar Social y la Reactivación Económica:


Medidas en Educación:

  • En las medidas establecidas por el proyecto no se podrá suspender bajo ninguna forma, la asistencia, el registro de asistencia y evaluación, por retraso justificado en los pagos de pensiones mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción, en todo el sistema de educación.

  • El Gobierno Nacional podrá entregar ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias a guarderías, centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios, que implicarían, una disminución del valor que se pague en la pensión.

  • Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, ampliarán el porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados regulares en un 10 % adicional de lo ya establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

  • Se podrá autorizar a las instituciones de educación superior, que así lo soliciten, que su oferta de carreras y programas de educación superior pase, total o parcialmente, a modalidad virtual.


Inquilinato:

  • En el proyecto se establece que durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta sesenta días después de su terminación no se podrán ejecutar desahucios a arrendamientos de bienes muebles, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio o por uso del inmueble para actividades ilegales.

  • En estos casos, los arrendatarios deberán cancelar al menos el 20% del valor de los cánones pendientes. En el caso de locales comerciales, el arrendatario deberá demostrar que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% con relación al mes de febrero de 2020.

  • La suspensión no se refiere a la condonación de deudas. La Suspensión podrá extenderse por acuerdos, los cuales tendrán calidad de título ejecutivo.


Servicios básicos:

  • Desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento en valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e internet.

  • Tampoco se podrá suspender los servicios por falta de pago, mientras se encuentre vigente el estado de excepción y hasta 2 meses después después de su terminación.

  • Se establece la rebaja del 10 % en el valor total del servicio de electricidad en los consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, se incluye a los servicios de telecomunicaciones e internet.


Seguros y medicina prepagada:

  • Durante el tiempo de vigencia del estado de excepción por la emergencia sanitaria del Covi-19, las compañías de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de asistencia médica, no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguros de salud, ni los contratos de medicina prepagada, ni suspender su cobertura, ni las prestaciones sanitarias contractualmente estipuladas por retraso en los pagos de hasta tres meses consecutivos.

  • No existe condonación de obligaciones. Los valores no pagados se prorratearán para los meses de vigencia del contrato, sin intereses de mora.


Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:

  • Se extenderá la cobertura en las prestaciones de salud, hasta sesenta días adicionales a los establecidos en la Ley por el cese de las prestaciones, en favor de sus afiliados que hayan quedado cesantes o en mora por pérdida de ingresos a partir de la declaratoria del estado de excepción, mientras esté vigente.

  • Se acepta que los que no hayan podido cancelar las aportaciones correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2020 que no hayan podido ser pagadas por personas naturales que ejercen actividades económicas, micro y pequeñas empresas, así como empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción se realicen sin la generación de intereses, multas, ni recargos. Tampoco se generará responsabilidad patronal.

  • El proyecto otorgará facilidades de pago sin recargos de intereses, multas, a los afiliados del seguro voluntario que no hayan cumplido con sus aportaciones en los meses que fueron afectados por la crisis del COVID-19.


Créditos productivos para la reactivación económica:

  • Se obliga a que las entidades del sistema financiero nacional entreguen líneas de crédito de rápido desembolso con condiciones especiales, tales como: periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de interés preferenciales.

  • Se establecen beneficios tributarios a las entidades del sistema financiero nacional que otorguen estos créditos.


Reprogramación de créditos con instituciones del sistema financiero nacional y no financiero:

  • La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitirá una resolución para que, durante el período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el mismo, las entidades del sistema financiero nacional y las entidades emisoras de tarjetas de crédito, y quienes tengan como giro del negocio operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia.


Reprogramación de pago de cuotas de seguros:

  • Durante el período de vigencia del estado de excepción por calamidad pública, las empresas de seguros generales y seguros de vida reprogramarán el cobro de cuotas mensuales de seguros a favor de quienes se encuentren impedidas de efectuar sus actividades como consecuencia del estado de excepción por calamidad pública.

  • Cuando se termine el estado de excepción por calamidad pública los valores reprogramados serán pagados en cuotas prorrateadas durante la vigencia de la póliza de seguros hasta máximo 6 meses contados desde la fecha de terminación del estado de excepción.

  • La reprogramación del pago de cuotas no implicará la pérdida o suspensión de la cobertura y beneficios a favor de los asegurados.


Matriculación vehicular:

  • Se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica mecánica generados durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública.

2. Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo (Reformas Laborales):


Acuerdo entre empleador y trabajador:  

  • Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores.

  • El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores.

  • Los empleadores deberán presentar los sustentos de la necesidad de suscribirlos, que implica la presentación de los estados financieros de la empresa.

  • Una vez suscritos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento.

  • El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador.

  • De producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta Ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo.

  • Los acuerdos podrán ser impugnados por terceros únicamente en los casos en que se haya producido cualquier tipo de fraude en perjuicio de uno o varios acreedores.

  • Cualquiera de las partes de la relación laboral que incumpla con el acuerdo podrá ser sancionada de conformidad con el Código del Trabajo y demás normativa vigente.

  • Los empleadores deberán utilizar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia, y no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes, ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos.

  • En caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban y oponibles a terceros. En el caso de negociación del contrato colectivo vigente, el acuerdo se suscribirá entre los representantes legítimos de los trabajadores y el empleador.

  • En los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logra un consenso, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación.

  • Durante la duración del acuerdo, el uso doloso de recursos de la empresa en favor de sus accionistas o administradores será considerado causal de quiebra fraudulenta y, dará lugar a la anulación del acuerdo y la sanción establecida por el Código Orgánico Integral Penal.


Contrato especial emergente (a plazo fijo):

  • Se autoriza la celebración de contratos para: (1) la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes; (2) para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes o; (3) en el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador.

  • El contrato se celebrará por el plazo máximo de dos años y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo periodo.

  • La jornada laboral ordinaria objeto de este contrato podrá ser parcial o completa, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas a la semana, distribuidas en un máximo seis 6 días a la semana sin sobrepasar las ocho 8 horas diarias.

  • La remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo con la jornada pactada.

  • Al terminar el plazo del contrato o si la terminación se da por decisión unilateral, se pagarán las remuneraciones pendientes, la bonificación por desahucio y los demás beneficios de ley de conformidad al Código de Trabajo.

  • Si finalizado el plazo acordado se continúa con la relación laboral, el contrato se considerará como indefinido, con los efectos legales del mismo.


Reducción emergente de la jornada de trabajo:

  • Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, la jornada laboral podrá ser reducida hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55 % de la fijada previo a la reducción y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida.

  • Esta disminución podrá aplicarse hasta por dos años y ser renovables por el mismo periodo, por una sola vez. La remuneración correspondiente a la reducción de la jornada deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas, en consideración a su remuneración anterior a la reducción de la jornada.


Uso de Vacaciones:

  • Por dos años desde la vigencia de la ley, los empleadores podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez, establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas