Reglamento para sucursales de compañías extranjeras.


Ponemos en su conocimiento la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0012, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto al el Reglamento sobre disolución, liquidación, cancelación y reactivación de compañías nacionales y revocatoria del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras.


A continuación, el contenido de la mencionada resolución:


Reglamento sobre disolución, liquidación, cancelación y reactivación de Compañías Nacionales y Revocatoria del permiso de operación de sucursales de Compañías Extranjeras.


Capítulo I Generalidades


Artículo. 1.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto normar el ejercicio de la disolución, liquidación, cancelación y reactivación de compañías nacionales, el trámite abreviado de disolución voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación, así como también la revocatoria del permiso de operación, liquidación y cancelación de inscripción de sucursales de compañías extranjeras, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías; y definir las normas para la determinación y pago de los honorarios de los liquidadores de las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.


Capítulo II Disolución y liquidación de las Compañías Controladas


Artículo. 2.- Causales de disolución.- Las compañías controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se disolverán por las siguientes causas:


a) De pleno derecho;

b) Por decisión voluntaria de los socios o accionistas expresada en junta general;

c) Por decisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; o

d) Por sentencia ejecutoriada.


Sección 1

De la disolución de pleno derecho y su proceso de liquidación


Artículo. 3.- Causales para la disolución de pleno derecho.- Las compañías controladas se disuelven de pleno derecho, por las siguientes causas:


1. Por el vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;

2. Por auto de quiebra de la sociedad, legalmente ejecutoriado;

3. Por no aumentar el capital de la sociedad a los mínimos establecidos y dentro de los plazos determinados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con la ley;

4. Por la reducción del número de socios o accionistas a una cifra inferior del mínimo legal establecido, siempre que no se recomponga dicho número, en el plazo de seis meses;

5. Por exceder de quince el número de socios de una compañía de responsabilidad limitada, y que, transcurrido el plazo de seis meses, no se hubiera transformado en otra especie de compañía, o no se hubiere reducido dicho número a quince socios o menos; y,

6. Por incumplir lo dispuesto en el artículo veinte de la Ley de Compañías, durante dos años seguidos.


Artículo. 4.- Operatividad de la disolución de pleno derecho.- La disolución de pleno derecho opera por el ministerio de la ley, esto es, opera ipso jure, por lo cual no requiere resolución declaratoria, ni publicación, ni inscripción.


Artículo. 5.- Disolución por auto de quiebra de la compañía.- Cuando la disolución de pleno derecho se produjera por auto de quiebra, legalmente ejecutoriado, actuará por la compañía el representante legal o el liquidador designado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sin perjuicio de los deberes y atribuciones que deba cumplir el síndico designado por el órgano jurisdiccional competente.


Artículo. 6.- Superación de la causal que motivó la disolución de pleno derecho.- Si una compañía hubiere incurrido en una causal de disolución de pleno derecho, dicha sociedad deberá acogerse obligatoriamente al trámite de reactivación para superar su estado jurídico, aunque posteriormente a la disolución ipso jure hubiere superado la o las causales que motivaron dicha disolución, e inclusive, aun cuando la resolución por la cual se hubiere ordenado su liquidación no estuviere inscrita en el Registro Mercantil correspondiente.


Artículo. 7.- Expedición de la resolución, ordenando la liquidación de la compañía disuelta de pleno derecho.- Verificada la disolución de pleno derecho por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de oficio o a petición de parte, el Superintendente o su delegado dispondrá mediante resolución la liquidación de la compañía, la misma que se notificará al o a los representantes legales, en la dirección de correo electrónico de la compañía registrada institucionalmente. También se notificará al Registrador Mercantil del domicilio principal de la compañía, para que realice la anotación al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como la correspondiente inscripción de la resolución en el Registro Mercantil.


Esta resolución contendrá también lo siguiente:


a) La iniciación del proceso de liquidación por parte del representante legal, quien elaborará el balance inicial de liquidación, en un término no mayor de treinta días, contado desde la inscripción de la resolución que ordena la liquidación, en el Registro Mercantil.

b) La disposición de que se publique la resolución en el portal web institucional, por tres días hábiles consecutivos.

c) La convocatoria a los acreedores, con el fin de que en el término de sesenta días, contado a partir de la última publicación de la resolución, presenten a la compañía los documentos que justifiquen sus acreencias.

d) La disposición de que se realice la correspondiente anotación, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía, en el respectivo protocolo del Notario, quien sentará razón de lo actuado.

e) La disposición de que en todos los actos y contratos en que intervenga la compañía, se agregue al nombre las palabras “en liquidación”.

f) La disposición de que antes de su inscripción en el Registro Mercantil, el servidor público de Registro de Sociedades, en la matriz o en las Intendencias Regionales, ingrese los datos referentes a esta resolución en la base de datos institucional, dejando constancia de su número y de la fecha de su emisión.

g) La disposición de que una vez inscrita la resolución en el Registro Mercantil, se notifique al Servicio de Rentas Internas para que actualice el Registro Único de Contribuyentes de la Compañía, agregando a su nombre la frase “en liquidación”.


Artículo 8.- Prohibición de iniciar nuevas operaciones sociales.- Emitida la resolución que ordena la liquidación de la compañía disuelta de pleno derecho, no podrán iniciarse nuevas operaciones relacionadas con el objeto social de la compañía, la misma que conservará su personería jurídica únicamente para los actos concernientes a la liquidación. Si se realizaren operaciones nuevas o actos ajenos a esta finalidad, el representante legal o el liquidador, los socios o accionistas que los hubieran autorizado, serán responsables ilimitada y solidariamente.


Artículo 9.- Calificación de las acreencias presentadas y extinción de pasivos.- Vencido el término para la presentación de las acreencias, el representante legal o el liquidador, tendrá un término no mayor a sesenta días para calificarlas y hacerlas constar en un nuevo balance, donde quedarán determinadas todas las acreencias de la compañía, a fin de que sean extinguidas de conformidad con el orden de prelación previsto en el Código Civil.


Artículo 10.- Balance final y distribución del remanente de la liquidación.- Una vez extinguidos los pasivos, el representante legal o el liquidador, dentro del plazo de sesenta días, deberá:


a) Elaborar el balance final de liquidación con la distribución del haber social; y,

b) Convocar a la junta general de socios o accionistas, para su debido conocimiento y aprobación.


Aprobado el balance final con la distribución del haber social, se lo protocolizará, conjuntamente con el acta respectiva y el saldo de la liquidación se lo distribuirá o adjudicará a los socios o accionistas, en la proporción que les corresponda.


Artículo 11.- Remoción del representante legal y nombramiento de liquidador.- En cualquier momento de este proceso, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado, podrá remover al representante legal y nombrar un liquidador en su reemplazo.

Las causales de cesación de funciones del liquidador, en los casos y con los requisitos, procedimiento y efectos establecidos en el artículo veintisiete de este reglamento, podrán aplicarse para el representante legal, especialmente en lo relativo a la remoción del liquidador.


Artículo 12.- Conclusión del proceso de liquidación.- Terminado el proceso de liquidación, la compañía se cancelará siguiendo el trámite previsto en la Ley de Compañías. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros procurará que el proceso sea rápido y

eficiente y no solicitará más documentos que los que sean estrictamente necesarios para su efectivo cumplimiento.


Sección 2 De la disolución por decisión voluntaria de los socios o accionistas y su proceso de liquidación


Artículo 13.- Solicitud de disolución anticipada.- En el caso de disolución por decisión voluntaria de los socios o accionistas adoptada en junta general, de conformidad con las disposiciones de la ley y del estatuto, una vez cumplidas por el representante legal las solemnidades prescritas en el artículo 33 de la Ley de Compañías, se solicitará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la aprobación de la correspondiente escritura pública.


Si se hubiere dado cumplimiento a los requisitos legales, el Superintendente o su delegado aprobará la disolución anticipada y ordenará la publicación de la resolución y de un extracto de la escritura en el portal web institucional, ambos por tres días hábiles consecutivos, así como la inscripción en el Registro Mercantil, o, en caso contrario, la negará.


Artículo 14.- Oposición de acreedores y terceros interesados.- Las publicaciones referidas en el artículo anterior, garantizarán el ejercicio del derecho de oposición de acreedores y terceros interesados, el mismo que se realizará de conformidad con el procedimiento sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos.


Quien formulare oposición deberá informarlo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del término de tres días, contado desde el día siguiente al de la fecha de presentación de la demanda, sin perjuicio de lo que al respecto dispusiere el juez de la causa.


El Superintendente o su delegado, en conocimiento de la oposición, de oficio o a petición de parte, suspenderá el trámite de disolución hasta que sea notificado con la resolución ejecutoriada que resuelva la oposición.


En caso de aceptarse la oposición, se revocará la resolución aprobatoria y se ordenará el archivo de la escritura pública y demás documentos que hubieran sido presentados.

La compañía afectada no podrá solicitar la aprobación e inscripción de la disolución voluntaria, sino después de que hayan desaparecido los motivos de la oposición, declarado así en una nueva providencia judicial o que haya el consentimiento mediante declaración juramentada notarial, de quien previamente se opuso.


Si no hay oposición, o si ésta fuere rechazada mediante providencia judicial ejecutoriada, el funcionario competente de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sentará

la razón correspondiente y la disolución voluntaria continuará su trámite con las respectivas marginaciones e inscripciones en el Registro Mercantil.


Artículo 15.- Contenido de la resolución aprobatoria de la disolución anticipada.- Verificado el cumplimiento de los requisitos legales por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente o su delegado mediante resolución aprobará la disolución anticipada de la compañía, la misma que se notificará al o a los representantes legales, en la dirección de correo electrónico de la compañía registrada institucionalmente y se inscribirá en el Registro Mercantil, después de verificarse lo dispuesto en el artículo catorce del presente reglamento.


Esta resolución contendrá también lo siguiente:

a) Las disposiciones relativas al ejercicio del derecho de oposición de acreedores y terceros interesados, prescrito por el segundo inciso del artículo 33 de la Ley de Compañías, cumpliéndose lo dispuesto en el reglamento de publicación de extractos y de oposición por parte de terceros, concretamente en el artículo 5, numeral quinto.

b) La iniciación del proceso de liquidación por parte del representante legal, quien elaborará el balance inicial de liquidación, en un término no mayor de treinta días, contado desde la inscripción de la escritura de disolución anticipada y su correspondiente resolución, en el Registro Mercantil.

c) La disposición de que se publiquen la resolución y un extracto de la escritura en el portal web institucional, ambos por tres días hábiles consecutivos.

d) La convocatoria a los acreedores, con el fin de que en el término de sesenta días, contado a partir de la última publicación de la resolución, presenten a la compañía los documentos que justifiquen sus acreencias.

e) La disposición de que se realicen las correspondientes anotaciones, al margen de las matrices de la escritura de constitución de la compañía y de la que contiene la disolución anticipada, en los respectivos protocolos notariales, quienes sentarán razón de lo actuado.

f) La disposición de que en todos los actos y contratos en que intervenga la compañía, se agregue al nombre las palabras “en liquidación”.

g) La disposición de que antes de su inscripción en el Registro Mercantil, el servidor público de Registro de Sociedades, en la matriz o en las Intendencias Regionales, ingrese en la base de datos institucional aquellos datos referentes a la escritura de disolución anticipada como la notaría del cantón y fecha en que se la otorgó, y sobre esta resolución, dejando constancia de su número y la fecha de su emisión.

h) La disposición de que una vez inscrita la resolución en el Registro Mercantil, se notifique al Servicio de Rentas Internas para que actualice el Registro único de Contribuyentes de la Compañía, agregando a su nombre la frase “en liquidación”.


Artículo 16.- El procedimiento de liquidación y la disolución voluntaria en caso de fusión.- El procedimiento de liquidación en el caso de disolución por decisión voluntaria de los socios o accionistas, será el mismo que está previsto para las compañías disueltas de pleno derecho. Para el caso de disolución voluntaria por fusión se estará a lo dispuesto en los artículos 337 y siguientes de la Ley de Compañías, sin perjuicio de la aprobación respectiva de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.


Sección 3 De la disolución por decisión del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, del liquidador y el proceso de liquidación

A: De la disolución.


Artículo 17.- Causales para la disolución por decisión del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.- El Superintendente o su delegado, de oficio, podrá declarar la disolución de una compañía sujeta al control y vigilancia institucional, por las siguientes causas:


1. Cuando exista imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social estatutario o por conclusión de las actividades para las cuales se constituyó.

2. Cuando la sociedad incumpla o contravenga la ley, sus estatutos, o los reglamentos, resoluciones y demás normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

3. Cuando la sociedad haya sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y se niegue a cancelar los honorarios del interventor o no preste las facilidades para que este pueda actuar.

4. Cuando la compañía obstaculice o dificulte la labor de control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o incumpla las resoluciones que ella expida.

5. Cuando la compañía tenga pérdidas que alcancen el 60% o más del capital suscrito y el total de las reservas; o,

6. Cuando no hayan sido superadas las causales que motivaron la intervención de la sociedad, siempre que exista un informe previo del área de control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros recomendando la disolución.


Artículo 18.- Sobre la imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social estatutario.- Se entenderá que existe imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social estatutario,

cuando la autorización o el permiso que la compañía requiere para operar le ha sido retirado definitivamente, salvo que el correspondiente acto administrativo sea susceptible de algún recurso que tenga efecto suspensivo.


Artículo 19.- Sobre las pérdidas que alcancen el 60% o más del capital suscrito y el total de las reservas.- Cuando la sociedad tenga pérdidas que alcancen el 60% o más del capital suscrito y el total de las reservas, los administradores convocarán inmediatamente a junta general para informarle de forma completa y documentada sobre dicha situación, con el fin de que dentro del plazo establecido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se tomen u ordenen las medidas pertinentes para reintegrar el capital o limitar el fondo social al capital existente, siempre que dicho capital baste para conseguir el objeto de la compañía.


En caso de inobservancia de lo establecido en este artículo, se dispondrá la disolución de la sociedad, con excepción de las compañías que se encuentren en sus tres primeros ejercicios económicos.


Artículo 20.- Información sobre contratos públicos.- Previo a resolver la disolución de una compañía, inclusive en el caso de disolución voluntaria, el Superintendente o su delegado verificará a través de la página web institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la existencia de contratos públicos adjudicados pendientes de ejecución con el Estado e instituciones públicas.


En caso de existir obligaciones pendientes, se podrá emitir la resolución de disolución, debiendo informar al representante legal de la compañía, al liquidador nombrado, y al Servicio Nacional de Contratación Pública, con el objeto de que se adopten las acciones conducentes a precautelar los intereses del Estado.


El mismo procedimiento se cumplirá en las revocatorias del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras.


Artículo 21.- Sobre la resolución de disolución por decisión del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.- Verificadas las causales de disolución determinadas en el artículo 377 de la Ley de Compañías, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado, estarán facultados para expedir la correspondiente resolución en la que se dispondrá la disolución y liquidación de oficio de la compañía, la misma que se notificará al o a los representantes legales, en la dirección de correo electrónico de la compañía registrada institucionalmente. También se notificará al Registrador Mercantil del domicilio principal de la compañía, para que realice la anotación al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como la correspondiente inscripción de la resolución en el Registro Mercantil.


Esta resolución dispondrá también lo siguiente:


a) La designación del liquidador y la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía, de su nombramiento debidamente aceptado, el mismo que

se adjuntará a la resolución. En su defecto, cuando la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros lo crea pertinente, podrá disponer que el o los representantes legales inicien el proceso de liquidación una vez inscrita la resolución de disolución. Copia de la resolución respectiva se enviará al Registro Mercantil para su inscripción.


b) La iniciación del proceso de liquidación por parte del liquidador o el representante legal, según corresponda, quien elaborará el balance inicial de liquidación, en un término no mayor de treinta días, contado desde la inscripción de su nombramiento, o de la inscripción de la resolución de disolución, en su orden, en el Registro Mercantil.


c) La disposición de que se publique la resolución en el portal web institucional, por tres días hábiles consecutivos.


d) La convocatoria a los acreedores, con el fin de que en el término de sesenta días, contado a partir de la última publicación de la resolución, presenten a la compañía los documentos que justifiquen sus acreencias.


e) L a notificación a los Registradores de la Propiedad del país y en general a los funcionarios a quienes corresponde el registro de enajenación o gravámenes de bienes, oficiando previamente para tal propósito a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), a efectos de que los Registradores se inhiban de inscribir cualquier acto o contrato mediante el cual se transfiera un bien de propiedad de la compañía disuelta, si dicho acto o contrato no estuviere suscrito por el liquidador o, en su caso, por el representante legal de la sociedad. De igual manera, se prevendrá a los Registradores de la Propiedad sobre la responsabilidad prevista en el artículo 381 del Código Civil.


f) La notificación a las entidades financieras, oficiando previamente para tal propósito a la Superintendencia de Bancos, con la indicación de que una vez notificadas, estarán impedidas de realizar operaciones o contrato alguno, o pagar cheques girados o cualquier otro movimiento contra las cuentas, depósitos y en general cualquier instrumento financiero de la compañía disuelta si no lleva la firma del liquidador o, en su caso, del representante legal de la compañía, así como también la indicación de que si hubiere incumplimiento por parte de la entidad financiera, de conformidad con la Ley de Compañías, la Superintendencia de Bancos le dispondrá que restituya a la cuenta de la compañía el valor pagado, sin perjuicio de la sanción correspondiente.


g) La disposición de que se realice la correspondiente anotación, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía, en el respectivo protocolo del Notario, quien sentará razón de lo actuado.

h) La disposición de que en todos los actos y contratos en que intervenga la compañía, se agregue al nombre las palabras “en liquidación”.

i) La disposición de que antes de su inscripción en el Registro Mercantil, la Subdirección de Registro de Sociedades o quien haga sus veces en las Intendencias Regionales, ingrese los datos referentes a esta resolución en la base de datos institucional, dejando constancia de su número y de la fecha de su emisión.

j) La disposición de que una vez inscrito el nombramiento del liquidador o la resolución de disolución de oficio en el Registro Mercantil, -para el caso de que se hubiera dispuesto que sea el representante legal quien inicie el proceso de liquidación-, dentro del término de cinco días de la respectiva inscripción, el liquidador o el representante legal, según corresponda, actualice el Registro único de Contribuyentes de la Compañía agregando a su nombre la frase “en liquidación”.


Artículo 22.- Sobre las facultades de los administradores y su responsabilidad si realizan nuevas operaciones sociales.- Mientras no se haya inscrito el nombramiento del liquidador, continuarán encargados de la administración de la sociedad, quienes hubieran venido desempeñando esa función, pero con las siguientes facultades:


1. Realizar las operaciones que estén pendientes;

2. Cobrar los créditos;

3. Extinguir las obligaciones contraídas anteriormente; y

4. Representar a la compañía para los fines de la liquidación.

Serán personal y solidariamente responsables frente a la sociedad, socios, accionistas y terceros, los administradores o representantes legales que, durante la disolución, realizan nuevas operaciones relativas al objeto social.


Artículo 23.- Superación de la causal que motivó la disolución.- Si una compañía hubiere superado la o las causales que motivaron la declaratoria de disolución, solamente si la resolución no estuviere inscrita, el Superintendente o su delegado, a petición de parte, podrá dejar sin efecto la referida declaratoria. Tratándose de una resolución masiva, podrá excluir a la o las compañías que hubieren superado la o las causales de disolución.


Para proceder con la expedición de la resolución de exclusión, se solicitará al Registrador Mercantil del domicilio principal de la compañía, que informe sobre la inexistencia de inscripción de la resolución de disolución, respecto de la compañía solicitante.

B: Del liquidador.


Artículo 24.- Sobre el nombramiento del liquidador.- En la disolución de oficio, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado, podrá nombrar a un liquidador externo o a un servidor de la institución, para que cumpla tales funciones.


Cualquiera que fuere la causal de disolución, no podrán ser liquidadores, quienes no tengan capacidad civil, ni los acreedores o deudores de la compañía, ni los representantes de éstos, ni sus auditores externos y, en este último caso, si la firma auditora fuere una compañía, dicho impedimento se aplicará tanto a la compañía como a sus administradores.


El cargo de liquidador es indelegable, y lo podrá ejercer una persona natural o jurídica. Tratándose de una persona jurídica, su objeto social deberá comprender la representación legal, judicial y extrajudicial de compañías.


Si se nombra liquidador a un servidor institucional, éste no percibirá honorarios adicionales a la remuneración que le corresponde, ni tendrá relación laboral con la compañía o compañías en las que haya sido nombrado. Cuando se nombre un liquidador externo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros fijará sus honorarios, los que serán pagados por la compañía. La propia compañía podrá insinuar nombres de liquidadores, pudiendo incluir entre ellos administradores actuales o anteriores de la compañía.

Art. 25.- Solicitud de exclusión para continuar en forma individual.- De oficio o a petición de parte del o de los representantes legales de la o de las compañías declaradas en estado de disolución y liquidación a través de una resolución masiva, el Superintendente o su delegado podrá excluir de dicha resolución a la compañía solicitante, para que continúe con el proceso de liquidación en forma individual.


Artículo 26.- Atribuciones, obligaciones y responsabilidades del liquidador.- Es de incumbencia de los liquidadores, ejercer y cumplir especialmente las funciones y deberes dispuestos en el artículo 389 de la Ley de compañías, así como otras disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal.


Serán responsables ante los socios, accionistas o terceros, de cualquier perjuicio por fraude o negligencia en el desempeño de su cargo o, por uso o disposición arbitraria o negligente de los bienes o efectos de la compañía. En caso de omisión, negligencia o dolo, responderán personal y solidariamente por los daños y perjuicios causados, independientemente de la acción penal que pudiere incoarse y además, serán sustituidos en el cargo.


En una disolución de oficio, no podrá extendérseles a los liquidadores la responsabilidad solidaria que contempla el artículo 36 del Código del Trabajo. Tampoco responderán por las obligaciones de la compañía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas o demás organismos del Estado, generadas antes de su nombramiento o como producto de la liquidación, a menos que, no hubieren aplicado la prelación prevista en el Código Civil para pagar a los acreedores, o hubieran omitido pagar a los acreedores, teniendo la compañía recursos para dicho pago. Estas exenciones de responsabilidad no serán aplicables a los representantes legales que estuvieren a cargo de la liquidación.


Artículo 27.- Cesación de funciones del liquidador.- Las funciones de los liquidadores terminan por haber concluido la liquidación, renuncia, remoción, muerte o por incapacidad sobreviniente.


El liquidador cuyo nombramiento esté inscrito en el Registro Mercantil, podrá en cualquier tiempo renunciar a su cargo, siempre y cuando presente un informe detallado de su gestión y del estado de la compañía a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debiendo adjuntar un balance general cortado a la fecha de su dimisión.


La remoción de todo liquidador designado por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado, podrá realizarse de oficio o a petición de socios o accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital pagado, siempre que se hubieren producido hechos que ameriten su remoción, como los indicados en el inciso final del artículo 388 de la Ley de Compañías, o de comprobarse las siguientes circunstancias:


1. Por no realizar el balance inicial de liquidación, dentro del término de treinta días, contado desde la inscripción de su nombramiento;

2. Por incumplimiento de las funciones y deberes que le estén atribuidos por la ley; o,

3. Por no haber presentado el informe que justifique el incumplimiento de los parámetros señalados en el artículo treinta de este reglamento.


El Superintendente o su delegado avocará conocimiento de la petición de remoción de funciones y correrá traslado al liquidador, quien dentro del término de cinco días, contado desde el día siguiente a la fecha de notificación, deberá contestar fundadamente allanándose a lo solicitado, o negándolo, y acompañará los medios probatorios correspondientes.


Recibida la contestación, o en rebeldía, dentro del término de diez días, el Superintendente o su delegado decidirá sobre la petición de remoción. Cuando el liquidador sea removido no procederá el reclamo de pago de retribuciones atrasadas.


La decisión del Superintendente o su delegado que resuelva remover a un liquidador, no constituirá pronunciamiento sobre el manejo de los bienes de la compañía en liquidación, o sobre la negligencia en el desempeño de sus funciones como liquidador. Corresponderá a los órganos judiciales competentes, respetando el debido proceso, determinar la existencia de responsabilidades del liquidador, determinar perjuicios y fijar las reparaciones del caso.


Artículo 28.- Reemplazo de liquidador.- El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado podrá en cualquier momento y sin más trámite, de oficio o a petición de socios o accionistas que representen por lo menos la mayoría del capital social pagado de la compañía, designar liquidador a una persona diferente de la que consta en la resolución de disolución o reemplazar al que se encontrare en funciones.


En su petición, dichos socios o accionistas podrán sugerir el nombramiento de una persona específica. A dicha petición deberá acompañarse la hoja de vida del liquidador propuesto.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros verificará que la persona sugerida se encuentre habilitada en la Superintendencia de Bancos para la apertura y manejo de cuentas corrientes en el sistema financiero, y que puede ser firma autorizada.